Luis Manuel ArellanoMéxico DF, marzo 03 de 2011
A casi 30 años de documentarse los primeros casos de VIH/sida, ha quedado demostrado que esta epidemia es mucho más que un problema de salud pública. Sus múltiples efectos en el desarrollo económico, los derechos humanos, la cultura, la diversidad sexual y la ciencia -entre otros- hacen imposible encasillarle como si fuera únicamente un referente sanitario.
Por ello resulta inaceptable que el actual titular del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), José Antonio Izazola, haya intentado acallar un importante esfuerzo para recuperar la memoria colectiva de ese movimiento social y cultural que, sin duda, modificó al país.
El singular comportamiento de Izazola no resulta sorpresivo. Su carácter irascible es bien sabido desde hace mucho tiempo. El caso que nos ocupa es interesante porque lo dibuja, de puño y letra, como el menos afortunado director que haya tenido el Censida hasta la fecha.
El 1 de julio de 2010, Izazola envió el oficio DG/1255//10 al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en donde da respuesta a la petición formulada por esa institución mediante el oficio DEDyCS/41/10, para que emita una evaluación de la investigación “Memoria de la lucha contra el VIH en México”, que bajo los auspicios del Conapred realizó un equipo de historiadores bajo la coordinación de Miguel García Murcia.
En su respuesta, sin embargo, Izazola descalifica la investigación y descalifica al activista en VIH/sida formado como historiador. Lo hace con dureza. Con deseos de dañar. Busca desacreditarlo. No da concesiones ni siquiera al hecho mismo de que Conapred hubiera aprobado la investigación y la hubiera subido a su sitio web. El director del Censida segura que el estudio fue elaborado de manera superficial y que la lectura que presenta de los datos epidemiológicos es imprecisa. Incluso siembra la sospecha sobre la integridad de García Murcia, al establecer que por sus convicciones tendría “una intención distinta a la de divulgar”.
Izazola también desestima la opinión de los 14 entrevistados que incluye el libro, a pesar de que fueron protagonistas del movimiento social creado por el VIH/sida entre 1983 y principios de 1990. Para el responsable de aplicar la normatividad contra el sida en el sector salud, las críticas de esos activistas podrían generar un ambiente de confrontación con otras organizaciones civiles. El director del Censida pasa por alto que 8 de los 14 entrevistados han sido representantes colegiados de la sociedad civil en varios consejos estatales pero también en el Consejo nacional.
Los activistas descalificados son: Alejandro Brito Lemus, Arturo Díaz Betancourt, Franz Mom, Isidro García Bañuelos, Juan Jacobo Hernández, Lizbeth Castilla Povedano, Luis González de Alba, María Elena Ramos Rodríguez, María Isabel Ursúa Ponce, Rodolfo Ruiz Villaseñor, Sandra Peniche Quintal, Silvia Panebianco Labbé y Xabier Lizarraga Cruchaga.
El oficio de respuesta a Conapred fue elaborado a nombre del Censida, que carece de facultades para dictaminar estudios históricos y está obligada a “fomentar la participación de la sociedad civil”.
El filósofo Fernando Savater ha dicho que la capacidad de elegir y hasta de inventar acciones es un dispositivo al servicio de la vida. Por lo visto, José Antonio Izazola ya decidió de qué lado quedará registrado en esa historia dispersa, múltiple y subjetiva que tanto le incomoda en la lucha contra el VIH/sida.
Por ello resulta inaceptable que el actual titular del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), José Antonio Izazola, haya intentado acallar un importante esfuerzo para recuperar la memoria colectiva de ese movimiento social y cultural que, sin duda, modificó al país.
El singular comportamiento de Izazola no resulta sorpresivo. Su carácter irascible es bien sabido desde hace mucho tiempo. El caso que nos ocupa es interesante porque lo dibuja, de puño y letra, como el menos afortunado director que haya tenido el Censida hasta la fecha.
El 1 de julio de 2010, Izazola envió el oficio DG/1255//10 al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en donde da respuesta a la petición formulada por esa institución mediante el oficio DEDyCS/41/10, para que emita una evaluación de la investigación “Memoria de la lucha contra el VIH en México”, que bajo los auspicios del Conapred realizó un equipo de historiadores bajo la coordinación de Miguel García Murcia.
En su respuesta, sin embargo, Izazola descalifica la investigación y descalifica al activista en VIH/sida formado como historiador. Lo hace con dureza. Con deseos de dañar. Busca desacreditarlo. No da concesiones ni siquiera al hecho mismo de que Conapred hubiera aprobado la investigación y la hubiera subido a su sitio web. El director del Censida segura que el estudio fue elaborado de manera superficial y que la lectura que presenta de los datos epidemiológicos es imprecisa. Incluso siembra la sospecha sobre la integridad de García Murcia, al establecer que por sus convicciones tendría “una intención distinta a la de divulgar”.
Izazola también desestima la opinión de los 14 entrevistados que incluye el libro, a pesar de que fueron protagonistas del movimiento social creado por el VIH/sida entre 1983 y principios de 1990. Para el responsable de aplicar la normatividad contra el sida en el sector salud, las críticas de esos activistas podrían generar un ambiente de confrontación con otras organizaciones civiles. El director del Censida pasa por alto que 8 de los 14 entrevistados han sido representantes colegiados de la sociedad civil en varios consejos estatales pero también en el Consejo nacional.
Los activistas descalificados son: Alejandro Brito Lemus, Arturo Díaz Betancourt, Franz Mom, Isidro García Bañuelos, Juan Jacobo Hernández, Lizbeth Castilla Povedano, Luis González de Alba, María Elena Ramos Rodríguez, María Isabel Ursúa Ponce, Rodolfo Ruiz Villaseñor, Sandra Peniche Quintal, Silvia Panebianco Labbé y Xabier Lizarraga Cruchaga.
El oficio de respuesta a Conapred fue elaborado a nombre del Censida, que carece de facultades para dictaminar estudios históricos y está obligada a “fomentar la participación de la sociedad civil”.
El filósofo Fernando Savater ha dicho que la capacidad de elegir y hasta de inventar acciones es un dispositivo al servicio de la vida. Por lo visto, José Antonio Izazola ya decidió de qué lado quedará registrado en esa historia dispersa, múltiple y subjetiva que tanto le incomoda en la lucha contra el VIH/sida.
Fuente: notiese.org
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